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EL EDUCADOR SIGLO XXI

LA CARA OCULTA DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS


Es conocida la habilidad de los políticos, que fungen de gobernantes, para ocultar sus verdaderos propósitos mediante propuestas impregnadas, aparentemente, de sanas intenciones.

Cuando se revisa el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra que en el sector de la educación bajo el eslogan de una “Educación de Calidad para la Prosperidad”, retomando la  concepción del capital humano, se reviven los nexos entre la educación y las diversas esferas sociales, especialmente las concernientes a la producción y el trabajo, considerándola  una inversión de la cual se espera una rentabilidad especifica. En consecuencia el estado debe realizar inversiones selectivas, dirigidas a instituciones y programas donde la inversión sea más provechosa sin dejar de lado la inversión privada.  Así la existencia de oportunidades de movilidad social deja de estar centrada en la opción de recibir educación en razón de preferencias y capacidades para situarse en el tipo de educación que se recibe según las  necesidades del sistema económico que en últimas, determina la oferta educativa.

Esta visión se originó porque hace unos años se creía que la ampliación de la cobertura, el ingreso igualitario al sistema educativo y la diversificación de la oferta formativa contribuirían al desarrollo económico nacional. Pero pasado algún tiempo los resultados no fueron los mejores, la formación impartida no mejoró el desarrollo nacional y la formación de las personas no guardaban equilibrio con su remuneración. Igualmente la formación personal como criterio meritocrático funcionaba muy bien al interior de la academia pero no en el mercado laboral.  Así que la inequidad y la brecha social permanecían, mientras la inversión estatal crecía.

Se evidenciaba una incoherencia, las políticas públicas educativas no lograban la igualdad social y buscando una explicación se halló que la coherencia del binomio educación-igualdad, dependía de factores actitudinales, de las características de la demanda y del acceso a la educación de los distintos grupos sociales. Era claro que las opciones laborales no dependían de las capacidades intelectuales de los individuos ni de la duración del proceso formativo, sino de las variaciones del mercado laboral.  El error estaba situado en la creencia de que la educación rompería la brecha de la desigualdad entre los más capacitados y los menos capacitados, pues se consideraba que la educación determinaba los salarios. Pero el mercado laboral no compite en razón del salario sino por puestos de trabajo, de allí la existencia de personas subempleadas y desempleadas pese a su alta formación.

Mientras los empresarios aprendían sobre puestos de trabajo atendiendo a distintos niveles de formación  y la duración de cada proceso formativo, el gobierno tuvo que proponer nuevas políticas fiscales, controles salariales, incentivos a las empresas y control sobre la redistribución social de la inversión pública.

Este fenómeno de la desigualdad entre la formación y los salarios llevó a teóricos como Boudon a distinguir la educación como “bien de consumo” al cual tienen derecho el individuo y los grupos sociales como objetivo central de las políticas públicas y la educación como  “bien de inversión” donde la igualdad de la distribución del capital educativo no garantiza  la disminución de las diferencias sociales heredadas, así que el objetivo de alcanzar la igualdad social no se logra con una educación en condiciones de igualdad para todos. Boudon entonces propone que “si a partir de la educación no lograba corregirse la desigualdad, entonces resultaba imperioso subsanar las diferencias educativas modificando las desigualdades sociales previas, cuestión que demandaba la implementación de políticas directas de igualación social”[1]

Lo cierto es que los teóricos del capital humano no tuvieron la perspicacia de establecer un vínculo entre éxito escolar y origen social. De allí que el fracaso escolar se adjudicó a unas bajas expectativas personales o a bajos recursos cognitivos que podían medirse y no a factores como lo heredado y lo adquirido por el esfuerzo personal y el talento natural. Obnubilados por las cifras que daban cuenta del gasto por estudiante, el equipamiento y la relación alumno-maestro, omitió el estudio de la desigualdad producida por el propio sistema educativo en sus  procesos de selección y el consecuente reforzamiento del fracaso educativo.

Así que el estado, bajo la ideología neoliberal, mide  los logros del sistema educativo bajo    criterios de calidad y eficiencia, la calidad en razón de los resultados obtenidos en las mediciones internacionales que desconocen las condiciones de cada individuo en lo particular y en lo social, las condiciones propias del contexto formativo; por su parte la eficiencia, bajo los criterios que consideran la escuela como una empresa que procesa insumos, para producir al más  bajo costo, recursos humanos con algún nivel de aprendizajes, a favor de resolver las necesidades del sistema económico.

La cuestión es que frente a la educación,  las expectativas sociales que se han logrado construir, gracias a un todavía  incipiente consenso social,  como la Constitución Política del 91, la Ley General de educación del 94, la Ley 30 del 92 y el último Plan Decenal de Educación, plasmaron los anhelos de un proyecto de nación y no un medio al servicio de las exigencias del mercado. Pero los gobierno han soslayado el mandato ciudadano y en consecuencia, la educación, que debería ser un derecho y una posibilidad de mejoramiento personal y social, se convierte en un mero problema de financiamiento, competitividad y crecimiento económico.

Esta posición gubernamental se observa en los afanes, discriminatorios y selectivos, por  el aumento de la cobertura en todos los niveles del sistema educativo, la construcción y el mejoramiento de la infraestructura escolar, la implantación y fortalecimiento de un sistema de evaluación de la calidad, la ampliación de la conectividad y el acceso a las NTIC en las instituciones educativas y la certificación de las secretarías de educación con propósitos de modernización. Pero la selectividad que se le impone a la inversión permite que  la inequidad persista, ya que lo ineludible e importante debe ser  la búsqueda y el logro de la calidad de los aprendizajes, el acceso al sistema educativo garantizando la permanencia, el zanjar las desigualdades que muestran los resultados entre las regiones, el analfabetismo tanto funcional como absoluto, una verdadera atención integral a los niños en primera infancia, así como la cobertura y la pertinencia en la educación superior.

Las políticas públicas tratan de ocultar estas medidas con hondo cariz neoliberal, pero ellas afloran y se concretizan  en una evaluación por competencias que pretende mano de obra barata y eficiente para el mercado, en la opresión y el desconocimiento a las agrupaciones sindicales del magisterio con las cuales no se concertan las políticas educativas y laborales, en la dilación a la reforma universitaria, en los señalamientos soterrados a los docentes como responsables de los bajos rendimientos, en el usufructo de la empresa privada de las actividades anexas al sistema educativo como la seguridad, mantenimiento, transporte, alimentación y las más evidente de todas, en la inequidad en la asignación de presupuesto escolar mediante el sistema de capitación y la entrega de estímulos solo a las instituciones que muestran una gestión exitosa.

Actuaciones que se hacen más evidentes cuando, ante cualquier crisis, lo primero que se recorta es el gasto de la educación por eso las universidades oficiales funcionan en la indigencia, solo algunas escuelas reciben mantenimiento y mejoras, los salarios del maestro son injustos y sus incrementos son miserables, el sistema de ascensos guarda la apariencia de meritocrático cuando lo cierto es que está amarrado a la disponibilidad presupuestal, las inversiones selectivas favorecen solo a algunas instituciones que se toman como banderas publicitarias para pregonar las bondades y las realizaciones del sistema.

Con estas restricciones difícilmente se satisfacen los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales que posibilitan a la persona y a su familia a gozar de un nivel de vida adecuado. Basta observar el panorama que presenta la alimentación, la vivienda, la salud, la protección y a la asistencia a la familia, la educación, la cultura, el trabajo y  los derechos laborales  y la seguridad social y los que el protocolo de San Salvador ha ampliado para la América latina, el derecho a un medio ambiente sano, los derechos de la niñez, los derechos de protección de los ancianos y los derechos de protección de los minusválidos.

Hay mucho por realizar, tal es el caso de la equidad de géneros, el modelo educativo debe superar la discriminación, los estereotipos y los prejuicios impuestos por el modelo patriarcal y machista, que impone un orden social sustentado en la superioridad del hombre frente a la mujer,  determinando roles y posibilidades y de frente, fortaleciendo la violencia contra diversos grupos.  Entonces se debe defender la importancia de un enfoque que dé cuenta de la diversidad, que reconozca a las personas el derecho a la crítica y al disenso  frente al contexto y la realidad que en que se encuentran inmersas. Entonces no se trata de aprender competencias ciudadanas para ser vasallo del sistema, se trata de aprender a abrir  los ojos para hacer un juicio crítico a las estructuras sociales, para redimensionar las prácticas cotidianas de la vida y la constitución de una verdadera ciudadanía que logre una equidad real entre las personas y los grupos sociales.

El control social se debe fortalecer para romper con la privatización y la concepción  de la educación como negocio, para luchar por abolir las prácticas mercantilistas de la educación y lograr la trasformación del Estado como garante de un derecho y no un  Estado como prestador de un servicio,  superar los criterios de eficiencia centrados en la relación costo-beneficio,  abolir la prestación de los servicios anexos a la educación (seguridad, mantenimiento, transporte, alimentación, primera infancia) como tajada presupuestal a ciertos senadores que disponen de ellos a través de sus testaferros.

Los ciudadanos deben entender la educación como un derecho fundamental, pues si el primer derecho es el derecho a la vida, esta se dignifica mediante el derecho a la educación.


[1] Boudon, R. (1978). Educación e Igualdad. En Política, Igualdad Social y Educación. Textos seleccionados de Sociología de la Educación, volumen I. Madrid: Libros de Bolsillo de la Revista de Educación, Ministerios de Educación y Ciencia y Secretaría General Técnica. 1978 pág 71-73

Acerca de Ciro A. García I. (maestro ciro)

DOCENTE ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA. LARGA EXPERIENCIA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. CONVENCIDO QUE LA EDUCACION APORTA AL DESARROLLO HUMANO PARA ROMPER LAS BARRERAS DE LA INEQUIDAD Y LA EXCLUSION

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