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OPINION

JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA


Al iniciar el siglo XXI, Colombia cuenta con una estructura de población joven donde  los menores de 25 años representan el 50% en el área urbana, y el 53.4% en el área rural, esta diferencia tiende a decrecer lentamente, pero en general se estima que se mantendrá por lo menos dos décadas más (PROFAMILIA, 2000). Esto indica que en el área rural del país habitan más de dos millones de jóvenes en edades entre 12 y 16 años, con índices de pobreza críticos y en condiciones de desigualdad frente a los jóvenes del área urbana, principalmente en aspectos tales como los índices de empleo, remuneración, acceso a los servicios sociales de calidad, entre otros[1].

 El número de emigrantes en la población de jóvenes de 15 a 24 años, correspondió a un total de 22.773 jóvenes, que representan el 8.4% de la estructura total de la población emigrante. Estas migraciones representan una pérdida importante de capital humano. El comportamiento migratorio de colombianos ha alcanzado niveles nunca vistos hasta ahora, afectados por la crisis económica, la intensificación del conflicto armado y la búsqueda de la pacificación.

Esta situación es especialmente preocupante en el ámbito rural, donde la situación educativa está determinada por dos elementos críticos: las condiciones de pobreza de la población, en clara desventaja en cuanto a la calidad de vida y acceso a servicios públicos frente a la población urbana; de otro lado, la prevalencia de una situación crítica de la educación pública en Colombia en cuanto a los niveles de calidad que ofrece (deficiencias de contenidos, metodologías y gestión), teniendo en cuenta que en la oferta de servicios educativos en el sector rural predomina la educación oficial

La Tasa Neta de Asistencia a la Escuela Primaria (niños de 7 a 11 años) es del 84% mientras la Tasa Neta de Asistencia a la Secundaria (niños de 12 a 17) es de 61% (60% para hombres y 62% para mujeres). La asistencia escolar, sin tener en cuenta si es primaria o secundaria, es de 95% para los niños de 7 a 11 años y de 74% para población entre 12 y 17 años. Se incrementa la edad, se incrementa la deserción escolar.

Los hombres adolescentes consideran que la edad ideal para iniciar relaciones sexuales es de 17 años y las mujeres 18, aún así se observa que la edad promedio a la primera relación sexual es de 13,4 años para los hombres y 14.8 años para las mujeres, cuatro años menos de lo que ellos mismos consideran ideal. Cabe anotar que mientras más temprano sea el inicio de las relaciones, más alta es la probabilidad de tener un número mayor de hijos. El 15% de las adolescentes (de 15 a 19 años) ya han sido madres y el 4% están embarazadas en su primer hijo, para un total de 19% que han estado embarazadas o ya han tenido partos. Una de cada cinco de las adolescentes de 17 años ha estado embarazada y una de cada tres de las jóvenes de 19 años (PROFAMILIA 2000).

De los 19.521 jóvenes que fueron juzgados por infracciones a la ley, el 70% fueron recluidos institucionalmente. Los jóvenes delincuentes, presentan altos índices de reincidencia (85%) que congestiona el sistema de reeducación y engrosa las filas en el sistema carcelario y penitenciario De los 19.521 jóvenes que fueron juzgados por infracciones a la ley, el 70% fueron recluidos institucionalmente. Los jóvenes delincuentes, presentan altos índices de reincidencia (85%) que congestiona el sistema de reeducación y engrosa las filas en el sistema carcelario y penitenciario.

El 55% del total de la población desplazada por la violencia es menor de 18 años, es decir, aproximadamente 412.500 niños que huyeron con sus familias por presiones de diversos actores armados. De ellos el 11.72% corresponde a menores de 5 años; el 19,78% oscila entre 5 y 10 años; el 21.81% corresponde a población adolescente (12.78% entre 11 y 14 años y el 9.05% entre 15 y 18 años).

 

 Son las frías estadísticas de los múltiples problemas que avasallan a la población juvenil colombiana y que en esta época preelectoral se silencian por el ruido de los jingles y las consignas politiqueras. Pan y circo era el lema de los emperadores romanos para mantener al pueblo tranquilo y adormecido, estrategia que los politiqueros colombianos aplican a la perfección para borrar de la memoria ciudadana los graves problemas que arriba se mencionan y esto tiene una doble implicación.

De una parte el pueblo que sufre la grave situación descrita, no se percata que los candidatos que tocan a su puerta no hablan de esta problemática y no proponen soluciones, pues lo más seguro es que desconozcan la gravedad, significado y relevancia social del problema, o su cerebro ególatra y megalómano no tiene capacidad para proponer soluciones. Por otra parte, las familias que viven el problema, que tienen a sus jóvenes padeciendo la falta de oportunidades para estudiar o para trabajar,  que sufren los flagelos de los embarazos no deseados, que tienen hijos en las pandillas o han caído en la drogadicción,  familias donde la falta de dinero y comida es cotidiana, familias donde, según la prensa nacional,  ante la penuria y la pobreza del hogar, muchos jóvenes y niños optan por el suicidio, pues no soportan la carga de su angustia ante  un futuro incierto. Sin embargo sus padres creen ingenuamente que el abrazo hipócrita, el beso de judas y la promesa que nunca cumplirá el politiquero,  son argumentos suficientes para salir elegir a la caterva de corruptos que sueñan con llegar al poder para desangrar al estado y con ello hundir más a las clases más empobrecidas en la desesperación y la ruina. Sume las cifras esquilmadas por contratos, nóminas paralelas, coimas, mangualas y mordidas, que en todos los estamentos del estado colombiano, las llamada “clase dirigente” le roba cada día a las familias colombianas y ahora imagine esas sumas bimillonarias invertidas en educación, salud, vivienda, escenarios deportivos y recreativos, nuevos y dignos empleos para los jóvenes.  ¿Qué diferencia, verdad?.

La falta de cultura, la mala calidad de los aprendizajes sociales, las costumbres heredadas, el mal ejemplo y la cultura del más vivo, la inmediatez y la molicie son los impulsores  de esta conducta suicida de muchas familias colombianas.

Sabemos que las viejas formas de participación caracterizadas por ser antidemocráticas, subordinadas al clientelismo y a liderazgos políticos tradicionales, contaminadas por el personalismo y el caudillismo  de sus dirigentes y la poca transparencia en las decisiones, el  predominio de hombres adultos y el mal manejo de medios y oportunidades,  formó líderes cuyos intereses particulares y personales estaban por encima del bien común. 

Lideres caracterizados por una innegable capacidad de convocatoria, conocedores de la forma de relacionarse con las autoridades y la burocracia local, una gran capacidad de negociación y de convocatoria en sus comunidades que los llevó a crear poco a poco su propio espacio generando una identidad (como comunero, como edil, como concejal y demás engendros) pero diferente a identidad de las bases populares que lo eligieron. Es cierto que aspirar a cargos de elección popular   es un derecho constitucional, hacerlo utilizando las instancias de participación ciudadana para iniciar, o fortalecer su carrera política, es prestar un servicio con un fin personalista, es seguir perpetuando la práctica de tener clientelas propias.

Pero la verdadera participación democrática parte de principios diferentes, no solo en el sentido que se crean nuevos espacios para la intervención de la gente en la toma de decisiones (referendos, plebiscitos, consultas ciudadanas, iniciativas legislativas) sino que supone que los ciudadanos tienen un papel activo en el debate público de los problemas y sus soluciones, en el acompañamiento a los verdaderos lideres que desempeñan cargos de representación social en los espacios de participación. En una democracia participativa “los representantes fungen más como delegados que como fiduciarios y en consecuencia, deben mantener el contacto con la base social para recoger iniciativas, consultar su opinión e informar acerca de las  decisiones tomadas”[2] Los  viejos líderes que se hicieron especialistas en algún aspecto de la participación ciudadana llevaron a la fragmentación de la participación perdiendo la visión de conjunto.

Hoy se requiere que los nuevos líderes tengan una visión holística, de conjunto, de la ciudad, del municipio, que le otorgue verdadero sentido a la instancia específica de participación. Esto no significa que la especialización sea negativa en si misma, es necesario que los líderes manejen un sector, se capaciten y adquieran el bagaje que facilite la gestión y que, de otra parte,  que las gentes sepan a quien a acudir para resolver sus asuntos. La clave esta en fortalecer los dos aspectos aquí mencionados, solo teniendo una visión de conjunto es posible hacerse efectivo en un sector y definir y crear vínculos con otros sectores. Es cambiar la mirada miope e inmediatista por una visión estratégica proyectada a futuro.

Así que si el propósito es fortalecer la participación ciudadana bajo una visión de conjunto, que guarde los intereses ciudadanos, fortalezca los espacios actuales y genere nuevas instancias de democracia participativa, se requiere el desarrollo de capacidades técnicas y políticas, la movilización individual y colectiva de diferentes recursos que propicien y fortalezcan la participación de los jóvenes en la vida ciudadana.

Bajo esta concepción, el liderazgo colombiano se puede renovar si se promueve el fortalecimiento de la cultura democrática,  asumiéndola como un deber para generar espacios de participación para que los jóvenes puedan ejercer su derecho a opinar sobre los temas de su incumbencia, fortalecer la gestión de los jóvenes y construir una visión compartida acerca de la ciudadanía, la democracia y la participación. Adicionalmente, dichos espacios para la participación, consolidarían la construcción de una ciudadanía más armónica, en la que sean reconocidas las normas de manera voluntaria y se construyan nuevos caminos para la convivencia y la resolución de conflictos.

El mandato legal existe  y está fundado, en primer lugar, en el concepto de participación que plasma  la nueva Constitución Política de Colombia al entender a todas las personas –entre ellos a los jóvenes y las jóvenes– como sujetos de derecho y plantear desde el Artículo 103 que el Estado debe contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones juveniles, con el propósito de que mediante los mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias, los jóvenes comiencen a  ejercer control y vigilancia sobre la gestión pública y las actuaciones del Estado. En segundo lugar,  la Ley General de la Juventud plantea que son los mismos jóvenes quienes tendrán la oportunidad (y la obligación moral, agrego), como personas y como ciudadanos,  de ayudar a potenciar las acciones que el Estado y la sociedad deben adelantar para mejorar las condiciones de vida de los 23,7 millones de jóvenes colombianos[3], cuya edad está comprendida entre 14 y 26 años, para lograr su participación activa en la vida económica, política y cultural de la sociedad, tal como lo manda nuestra Carta Constitucional.

Entonces los jóvenes no necesitarán intermediarios oportunistas y depredadores, no seguirán el mal ejemplo de sus padres que durante años ha venido auspiciando a una clase política inepta y corrupta, pues serán los mismos jóvenes quienes propondrán, ejecutaran y vigilaran sus propias iniciativas y proyectos. Si el Estado y la sociedad cumplen, abriendo escenarios y respetando los derechos de la  juventud según el mandato constitucional y legal, otras cifras serán las que evidencien la realidad de la juventud colombiana.


[1] Las cifras estadísticas que aquí se citan fueron tomadas de LA JUVENTUD COLOMBIANA EN EL NACIENTE MILENIO (2001) http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/default.htm

[2] VELASQUEZ C, Fabio y GONZALEZ R, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Litocamargo. Bogotá. 2003.   p.202

[3] Dane 2005

Acerca de Ciro A. García I. (maestro ciro)

DOCENTE ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA. LARGA EXPERIENCIA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. CONVENCIDO QUE LA EDUCACION APORTA AL DESARROLLO HUMANO PARA ROMPER LAS BARRERAS DE LA INEQUIDAD Y LA EXCLUSION

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