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OPINION

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA NOS HAN QUITADO EL PODER.


Si se acepta que la democracia es una de las posibles formas de organización del Estado y entendiendo que la democracia compendia el poder de la sociedad y sobre la  sociedad, opción que se sintetiza en la frase de Lincoln “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, es necesario indagar sobre el poder.  

Tradicionalmente el Estado se definía, según Max Weber, como un “conjunto de instituciones de dominio” que concentraba el poder físico legítimo dentro de un territorio. Actualmente el Estado se considera como un conjunto de relaciones que nutren el entramado social a través de mecanismos de regulación. El politólogo inglés Robert Jessop lo analiza como una “relación social” y lo define como “un conjunto relativamente unificado de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales y actividades socialmente incrustadas, socialmente reguladas y selectivas estratégicamente, que se organiza en torno a la toma de decisiones (o que al menos se involucra en ellas) y que son vinculantes colectivamente para una comunidad política imaginada” (2008, pág. 46). Entonces caracteriza al Estado la capacidad para tomar decisiones que someten a la comunidad, pero esa capacidad no debe entenderse como la expresión de una voluntad colectiva preexistente, sino como algo dinámico, compartido y permanentemente en juego dentro de unas relaciones sociales amplias y complejas.

Este concepto de Estado guarda una estrecha relación con las concepciones de Foucault sobre el poder, un personaje que atraviesa todos los escenarios en los que se despliega la vida humana. “Quiero decir esto: en una sociedad como la nuestra, pero en el fondo de cualquier sociedad, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan y constituyen el cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio de poder posible sin el patrimonio de unos discursos de verdad que funcionen en, y a partir de esta pareja.” (Foucault, 1991, pág. 10) 

En efecto, en sus textos ya clásicos de los años 70, como en las lecciones de los años inmediatamente posteriores, publicadas recientemente, este autor enseña a pensar el poder como una red de relaciones que se difunden por toda la sociedad, incorporando en su tejido, las acciones de una multiplicidad de sujetos. El poder, dice, actúa como una serie de dispositivos acompañados de discursos que los codifican y legitiman, constituyendo un entramado difuso que organiza a las personas, las normaliza y las disciplina. Por supuesto que incluye mecanismos coercitivos, pero ellos no son lo esencial y constitutivo del poder. Éste actúa de un modo muchísimo más fino, preciso y microfísico, aunque se ejerza también en grandes agrupaciones y a nivel del sistema mundo y su geopolítica (Castro, 2010, págs. 271-292).

Los dos autores, con su visión del estado y del poder, conllevan a una nueva visión  sobre  la toma de decisión. Pues la tesis de Foucault sobre el poder, que actúa a manera de malla y su incidencia en los actores por medio de un sin fin de disciplinas, así como su intervención sobre grandes agrupaciones de la población por medio de dispositivos específicos, no implica que ese tejido sea unidimensional, sino que se concentra en ciertos nodos que tienen capacidad de decisión, mientras que otros lugares de la red carecen de esa capacidad decisiva.

La red del poder no ofrece una superficie lisa en la que diversos actores-agentes introducen sus actuaciones, sino que el tejido mismo es desequilibrado, produce nudos más fuertes que otros, con capacidad para avasallar a los más débiles, para dominarlos, callarlos e incluso borrarlos del mapa. El conflicto interno en las redes del poder, que abarca una secuencia permanente de posiciones de preeminencia y zonas de debilidad e impotencia, suplanta la concepción clásica de la confrontación entre los poderosos y los débiles. Como se observa la cosa es más complicada, pues implica que no todos los agentes disfrutan del mismo grado de intervención sino que de nuevo hay polos más fuertes que otros.

Por otra parte aquellas posiciones que privilegian a los actores económicos frente a los políticos y defienden una tesis según la cual los poderes públicos en las actuales democracias carecen de poder, están errados. Según ellos el sistema político estaría vacío de poder, puesto que su capacidad de decisión ha sido sustraída por los grandes poderes empresariales. La capacidad de decisión estaría en las oligarquías económicas y en la dinámica de un capitalismo financiero también muy complejo. Al calificar de neoliberal la democracia del capitalismo a ultranza, justamente lo que se estaría indicando es que esa democracia está ligada a un capitalismo de mercado que transfiere a éste, y específicamente al mercado de capitales, el poder sobre la sociedad. Los mercados financieros doblegarían bajo sus exigencias a los poderes políticos, que en cierta forma se convertirían en cáscaras vacías, que no resisten esa coacción.

La acumulación de poder económico en las manos de las oligarquías financieras y el fuerte endeudamiento de las administraciones públicas socavaría su poder de decisión y las harían incapaces de resistir a las presiones del mercado (Taibo, 2011, págs. 53-76). Esa tesis es seductora, pero la tal separación entre las elites económicas y las políticas, no existe y la convergencia entre esos dos sectores es mucho mayor de lo que podríamos suponer: la alta burocracia del Estado está estrechamente entrelazada con las altas capas del mundo financiero, especialmente las grandes transnacionales privadas. No sólo hay “puerta giratoria” entre unos y otros, sino que comparten información y, lo que es más importante, comparten una misma concepción sobre lo que “es bueno para la sociedad”, concretado en medidas de austeridad, medidas de control del trabajo asalariado, de privatización de las Instituciones públicas, de salvaguarda de las grandes fortunas, de beneficios para el capital, etc. Basta mirar los últimos escándalos en que se han visto involucrados ex funcionarios que pasaron a servir a las empresas privadas y las actuaciones de los ex funcionarios privados que pasan al servicio del Estado para aplicar la cánula al erario público.

En el mejor de los casos esas capas dirigentes promueven y aplican la “política del goteo” es decir, la idea de que si la economía fluye con altas tasas de beneficio, algunas gotas de esa prosperidad alcanzarán a las capas populares, pero jamás se plantean hacer una política que desafíe los poderes económicos y que redistribuya la riqueza con equidad y justicia social, pues la sola mención de estos conceptos les eriza la piel y exclaman que son medidas “anti-económicas”. Posición apenas lógica cundo políticos y empresarios o altos ejecutivos comparten los códigos capitalistas que postulan mayor inversión, mayor consumo, reproducción ampliada… como los únicos posibles y por tanto son incapaces de imaginar una sociedad que se rija por otros principios y que dé valor a otras conductas.

Para que el capitalismo se reproduzca y subsista necesita de ciertos mecanismos extraeconómicos, fundamentalmente de carácter político, e incluso,  cuando se ve amenazado, por un lado pone en marcha un intento de cambiar y ampliar el ámbito territorial del poder político, pasar de lo nacional a lo regional, o combinando lo global con lo nacional, tal como se da en el proceso de globalización y en la formación de entidades políticas regionales, como la Unión europea o Mercosur; por otro lado, se diseña un modelo de Estado, centrado en la gestión capitalista de la fuerza de trabajo. Es decir, el objetivo del Estado (capitalista) será ahora garantizar una sociedad trabajadora, capaz de asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria para las empresas y favorecer la competitividad de éstas en el mercado global, aunque para ello sea necesario recortar los derechos de los trabajadores y sus prestaciones sociales, como siempre acontece.

En otras palabras, se trata de que el Estado garantice “las condiciones para la continuación de los negocios privados rentables desde el punto de vista de los capitales particulares y del capital en general”…subordinando “su política social a las demandas de la política económica”, lo que conlleva a presionar para que se reduzca el gasto público, especialmente en relación sobre aquellas capas sociales cuyos miembros no son potencialmente activos como fuerza de trabajo o porque la han abandonado (pensionados, estudiantes, mujeres con trabajos de cuidado, personas dependientes, etc)” (Jesoop, 2008, pág. 37)

Esto significa que las instituciones estatales operan bajo la exigencia de favorecer las condiciones para la acumulación capitalista a pesar de que ésta no se revierta sobre su territorio ni mejore las condiciones de la población. Cuando la crisis se presenta las instituciones estatales se convierten en palancas decisivas para trasladar sus costos a los sectores sociales más débiles y, en ningún caso, para poner coto a los desmanes de los más fuertes, como ejemplo se puede mencionar los casos del famoso 4 por mil y los copagos, entre otros.

En situaciones como las planteadas parece que se configura una aparente retirada del Estado, como si el gobierno dejara de gobernar para dar paso a un concepto que cada día toma fuerza, la gobernanza. El gobierno ya no aparece como el centro del poder coactivo, se presenta como un centro de coordinación de relaciones sociales interdependientes, alejadas aparentemente de cualquier asomo de dominación, mostrándolas como relaciones compartidas, aunque no siempre simétricas. Las redes sociales y las relaciones sociales muestran a su vez un alto grado de auto-organización, por lo que la tarea de gobierno se concentra en asegurar la reproducción social en su conjunto, lo cual, en un Estado capitalista, se concreta en asegurar las condiciones para la recuperación del ciclo económico. Pero para ello adopta estrategias de diálogo y negociación que justamente dan la apariencia de ausencia de gobierno.

En este marco queda absolutamente borrado el concepto y el propósito del “bien común” que al menos en teoría se complementaba con los de “soberanía” y de  “gobierno recto” porque en el momento en el que la necesaria cooperación social se convierte en la base del ejercicio de un poder que le sustrae a la comunidad su propia riqueza, para trasegarla a sectores oligopólicos o para consolidar negocios financieros o inmobiliarios fraudulentos, la soberanía política deja de garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad para debilitarlos aún más.

Por ello la profunda crisis económica y sistémica que se está viviendo a partir de 2008, ha introducido profundas quiebras en el discurso habitual de la democracia representativa. En un primer momento se jugó con el miedo al caos y se generó una sensación de miedo ante la catástrofe económica que se avecinaba, que los discursos oficiales contribuían a aumentar y difundir. Pero el miedo, no reforzó la autoridad por miedo al caos,  o al menos no lo ha hecho en grado suficiente, sino que ha erosionado la confianza en la política de partidos y ha puesto de relieve que actúa como una fuerza conspiradora del capital contra los ciudadanos, en vez de ser una muralla protectora para defenderlos. Se quedaron con el poder y con el dinero, así sus discursos prediquen lo contrario.

Acerca de Ciro A. García I. (maestro ciro)

DOCENTE ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA. LARGA EXPERIENCIA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. CONVENCIDO QUE LA EDUCACION APORTA AL DESARROLLO HUMANO PARA ROMPER LAS BARRERAS DE LA INEQUIDAD Y LA EXCLUSION

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