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OPINION

¿A QUIEN REPRESENTA LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA?


Como consecuencia de la pobre participación ciudadana en los asuntos políticos, evidente en la abstención electoral, el desconocimiento de los derechos ciudadanos y en el pobre ejercicio de otras formas de participación ciudadana, difícilmente se puede afirmar que la composición del congreso colombiano es la representación de la voluntad popular de los ciudadanos, puesto que éstos, por lo dicho carecen de tal condición.

 Es una verdad insoslayable que los ciudadanos no pueden imponer nombres ni programas y sólo se les permite refrendar con sus votos la voluntad de las elites y sus organizaciones politiqueras. El poder político está estructurado de modo que la inutilidad de los programas va a la par con la concentración de poder político en los partidos y en la pérdida de las capacidades políticas de los ciudadanos que, sin embargo, son presentados, alabados y tenidos como la piedra angular del sistema. Cuando lo cierto es que ese ciudadano, pasivo y espectador, es un simple consumidor de bienes dentro de un mercado político,  donde los recursos sociales son escasos y de cuyo suministro se han apropiado las clases dirigentes que los adjudica a unos pocos.

De ahí que la llamada política “pluralista y representativa” es un espejismo que se edifica sobre dos operaciones. En primer lugar, el hecho de que la intervención política esté reducida al voto individual hace que los ciudadanos sean reducidos a átomos sociales provistos de una opción, eliges o no eliges. Eso reduce enormemente el ámbito de posibilidades y hace inútil cualquier debate, pues basta explicarle claramente a los ciudadanos que la opción que se le propone – sea cual fuere – es la más interesante y favorable para ellos, al tiempo que se les quita la posibilidad de negarse al juego, puesto que negarse conduce a terminar apoyando la otra opción.

Así que los ciudadanos,  como elementos individuales, sólo tienen la opción de decir SI a algo, pero no tienen la posibilidad de negarse activamente; pues incluso la opción de no votar lo único que hace es restringir el número de votantes tomados como base para la repartición proporcional de las representaciones entre los partidos elegidos, lo cual también favorece a los partidos  y por tanto, el ciudadano tampoco tiene una influencia real en la conformación de esas representaciones. Entonces, es claro que el sistema representativo está estructurado de tal forma, que ningún ciudadano individualmente, haga lo que haga, no podrá nunca cuestionarlo y en razón de que el voto individual es su base y su única forma de intervención, cualquier acción colectiva contra la falacia del individualismo político es la única opción para romper  el espejismo de la “democracia representativa”.

No se puede negar que “lo político” afecta al conjunto de relaciones interpersonales y colectivas que generan la convivencia común. Entonces, cuando las relaciones se reducen a la posibilidad de votar pasivamente cada cuatro años, se  limita el ejercicio de la ciudadanía y por este sendero se el campo infinito de la corrupción y la manipulación. En el momento que el ciudadano  deposita su voto a favor de una opción, el ciudadano actúa como si estuviera comprando un servicio en un supermercado, pero en realidad no obtiene ningún servicio ni beneficio. La excepción son aquellos que votan para o porque reciben un trato preferencial de los partidos, en razón de que sus negocios y apetencias personales están ligadas a una opción política (empleados del estado, asesores, contratistas, etc.), en todas las demás opciones el comprador-votante no obtiene ningún servicio por su voto.

La reducción del ciudadano a la categoría de de simple votante y el pluralismo de las opciones en la contienda político-electoral, ocultan el desequilibrio entre dominantes y dominados que estructura toda relación de poder, pues pareciera que todos aquellos que pertenecen a las toldas ganadoras fueran “dominantes” aunque realmente jamás “toquen el poder” y ocupen el lugar de los dominados, o sea la de aquellos cuya opción ha sido derrotada y que tampoco tienen ningún acceso a él. En suma, tanto gobierno como oposición,  forman parte de una estructura política que constituye un entramado de poder fundamentado sobre  la gran mayoría de los ciudadanos, pero transformados en meros soportes pasivos de esos partidos.

Cabe entonces preguntar ¿a quién o qué representa la democracia representativa? La respuesta más crédula sería decir que representa a los ciudadanos, pero por lo dicho y por lo que se vive, se debe aceptar que los partidos políticos se representan a sí mismos, encarnan  y representan intereses u opciones que ofrecen a los electores y que éstos confirman o rechazan, imaginando que las opciones políticas que han apoyado con su voto  corresponden a sus intereses sociales y no a los de la “casta” de políticos profesionales, aunque éstos favorezcan a un pequeño grupo de personas dependientes y a su servicio.

 O mejor dicho, los partidos surgen de las bases sociales mayoritarias y se convierten en aparatos políticos del Estado. Realmente los partidos no son representantes de los ciudadanos ante los organismos estatales, sino organizadores y clasificadores estatales de la ciudadanía, a la que discriminan o disciplinan.

Por lo anterior se aboga por  una democracia participativa donde prime la participación de los ciudadanos en el debate y en la toma de decisiones, poniendo en marcha mecanismos grupales y colegiados que acompañan a los representantes políticos o los sustituyen según el caso. En casos puntuales, con dirigentes muy honestos, puede combinarse con la democracia representativa, con la característica que son las autoridades electas las que impulsan la creación de espacios de participación, desde las instituciones donde actúan.

En otros casos, cuando los colectivos son  fuertes,  obligan al gobierno a tomarlos en cuenta en sus deliberaciones, pero el punto clave de la democracia participativa está en la delimitación de los órganos de toma de decisiones, es decir en su capacidad para restablecer la toma de decisiones en las instituciones participantes y obligar a los ejecutivos a cumplir tales decisiones. Incluso es posible que en algún momento sea necesario encontrar alguna combinación entre representación y participación tal como sugiere Enrique Dussel, aunque tal vez la democracia participativa y directa, especialmente con la ayuda de los medios electrónicos de comunicación, (a través de la red la sociedad entera puede aprobar o no una ley) logre  avanzar tanto que haga de la democracia representativa,  tal como hoy se le conoce y se le sufre,  un simple recuerdo de museo[1].

Experiencias como la venezolana con los Consejos Comunales y en Colombia con los Consejos Comunitarios,  evidencian algunas de las características de la democracia participativa, pero al tiempo que esos gobiernos las institucionalizaron, las hicieron dependientes del poder central. Estas experiencias remiten a formas más antiguas de participación ciudadana, pues ellas surgieron  impulsadas por las comunidades de los barrios populares con el objetivo de resolver problemas acuciantes de los vecinos, tales como la traída del agua, la depuración de aguas residuales, problemas con la electricidad, etc.  

 En Colombia  las Juntas Administradoras Locales tienen como propósito lograr una mayor participación ciudadana en la dirección de los asuntos municipales, bajo los preceptos de la democracia participativa, fortaleciendo la descentralización administrativa especialmente frente a los servicios públicos. Creadas en 1968  solo en 1986 se reglamenta su existencia pero con un carácter propositivo antes que decisivo en relación a sus funciones.  Es tan evidente la falta de autonomía de las JAL, que no pueden tener una estructura administrativa,  dependiendo entonces de los organismos del poder central. Su desarrollo ha sido igualmente tan precario que en solo el 7% de los municipios colombianos incluyendo los distritos especiales, existen las juntas administradoras locales[2].

Así que el problema es de nuevo la capacidad  de expresarse que tienen los ciudadanos, de ser autogestores de su propio destino, y de la autonomía que puedan lograr sus  organizaciones frente a las instituciones centrales del Estado y de su dependencia financiera. Pero cuando el ciudadano supere la pasividad y el partidismo, entonces gozará  de la verdadera democracia y será un verdadero ciudadano, podrá determinar su futuro y sus organizaciones serán sólidas, autónomas  y respetables, como lo enseña la siguiente  experiencia.  

En Colombia se tiene la experiencia de las Juntas de Acción Comunal[3], organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro y de naturaleza solidaria  que procuran ser respuesta y solución a la necesidad que los vecinos tienen de resolver colectivamente sus problemas, siendo organismos autónomos, obtienen directamente financiación estatal, gestionan autónomamente los fondos y responden por sus gestiones.

Durante 50 años de vida institucional, han canalizado el trabajo conjunto de las comunidades, tanto de barrios en las zonas urbanas y de veredas en zonas rurales, en la construcción de obras de infraestructura requeridas por las comunidades; obras tales como puentes, caminos, puestos de salud y de policía, plazas de mercado, acueductos, alcantarillados redes eléctricas, programas de vivienda por auto construcción y de empresas rentables comunales, entre otros, hasta llegar a construir cerca del 30% de la infraestructura de servicios y equipamiento básico comunitario”.[4]

En la actualidad estas organizaciones no gubernamentales de iniciativa ciudadana se extienden por todo el territorio de Colombia, tanto en el ámbito rural y urbano, en un número aproximado de 45.000 juntas; cifra que las coloca a la cabeza de todas las posibles formas de organización comunitaria que se dan en el país. (Se encuentran en aproximadamente en 800 municipios, es decir una cobertura del 75%.).

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por eso, ella resulta fundamental para ejercer control sobre los gobernantes, ejecutar las preferencias de los ciudadanos, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa y transparente la toma de decisiones políticas. Por el contrario, la poca participación y la desigualdad social están íntimamente unidas: para que haya una sociedad más equitativa es necesario un sistema político más participativo.


[2] Memorias del encuentro de comuneros. Pereira agosto 18 al 20 de 2006. Ponencia Oscar Arango Gaviria

[3] Ver Ley 743 de 2002

[4] Rodríguez Gutiérrez, Luis Enrique. Las Juntas De Acción Comunal Y Los Emprendimientos Locales. Universidad Cooperativa de Colombia. Bogotá.

Acerca de Ciro A. García I. (maestro ciro)

DOCENTE ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA. LARGA EXPERIENCIA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. CONVENCIDO QUE LA EDUCACION APORTA AL DESARROLLO HUMANO PARA ROMPER LAS BARRERAS DE LA INEQUIDAD Y LA EXCLUSION

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