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OPINION

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA


El concepto de ciudadanía se encuentra íntimamente ligado a la idea de régimen democrático, de constitución de normas y procedimientos que enmarcan la vida cívica, a la delimitación territorial que primero enmarca la ciudad y después la nación, al sentimiento de membresía que marca la adscripción a una comunidad política, al despliegue de un código  de comportamiento acorde con los deberes y derechos establecidos para participar en el espacio público y a las formas que definen el carácter representativo en la toma de decisiones.

Buscar sus orígenes conduce a la Grecia clásica  y a la visión aristotélica de la política, a la idea de que los hombres solo adquirirán un potencial completo de sus vidas y de su personalidad por medio de su participación en los asuntos de la polis. Ciudadanos son todos aquellos que comparten la vida cívica, aquellos con el conocimiento y la capacidad para participar en un encargo deliberativo o judicial, aquellos que comprenden la tarea simultánea, compleja y dinámica de regir y ser regidos. La visión de Aristóteles implicaba una participación política activa y un conocimiento profundo del carácter y los meritos de los candidatos, así como de sus aptitudes para decidir en los asuntos de disputa de derechos y de distribución de cargos en el gobierno[1].

Siendo el concepto aristotélico de ciudadanía poco asequible en las sociedades constituidas en torno a una nación, su reconstrucción necesitó considerar las relaciones  que el nuevo esquema implicaba. Sin embargo, se mantuvo el alto valor otorgado al ideal cívico entendido como capacidad para establecer consensos, fijar normas de comportamiento y asignar tareas que permitieran   discutir y llevar a buen término aquello que competía a la vida pública.

Ese nuevo esquema social muestra unas instituciones articuladas, difunde la sana convivencia, la capacidad de mediar  ante intereses particulares como atributos de ser miembro de una comunidad que acepta y comparte  unos códigos legales y unos atributos propios del ser ciudadano. La capacidad para conciliar intereses en conflicto conduce a establecer normas de participación, allí los ciudadanos se reúnen para tomar decisiones ante las cuales cada uno respeta la autoridad del otro y todos obedecen las decisiones tomadas, que hoy llamamos leyes. De esta manera el individuo se hace ciudadano cuando adquiere derechos y esta adquisición es reconocida por los otros. De allí que el ciudadano debe útil a los suyos, honesto, probar su integridad, acatar la ley y participar en los asuntos públicos.

En ese contexto democrático y como reflejo de estos atributos se llega a una definición de ciudadanía que permite el despliegue de relaciones igualitarias, inclusivas y no jerárquicas y de unos valores individuales que constituyen la base del bien común. Si bien estos valores son casi inasequibles, ellos constituyen la médula de la ciudadanía:

  • Lealtad como adscripción emocional hacia aquello que constituye la estructura de las instituciones políticas y hacia los valores que la legitiman
  • Responsabilidad como propensión a emprender acciones positivas y a cumplir con lo prescrito en las normas acordadas.
  • Integridad como capacidad para combatir el egoísmo y la deshonestidad
  • Tolerancia como disposición a permitir que unos sostengan y expresen visiones y emprendan acciones que otros desaprueban. Como capacidad critica. ó capacidad de juicio práctico para evaluar las situaciones que se presentan en el espacio público. Como convencimiento que nadie puede ser menospreciado en sus derechos por razones de sexo, opinión política, creencia religiosa u origen étnico.

En esta permanencia del ideal cívico, la idea de ciudadano parte de una disposición de la personalidad en cumplimiento de ciertos atributos: determinación individual, conciencia, libertad, autonomía y capacidad para tomar sus propias decisiones y emitir juicios, es decir, educación en el sentido amplio de la palabra.

 La educación junto a práctica de los valores cívicos permiten el desarrollo integral de las facultades cognitivas, emocionales y volitivas para expandir una personalidad integral como vehiculo para internalizar los valores compartidos y adquirir las destrezas y la sensibilidad que permiten una convivencia civilizada. 

Este binomio educación y ciudadanía se soporta sobre dos pilares, el primero es el conocimiento de  la comunidad política a la cual se pertenece en relación con su historia, ella provee los mitos y permite entender el sentimiento de pertenencia cultural y la afiliación al grupo, génesis de la nacionalidad y la fraternidad.  Y el segundo pilar,  la disciplina del carácter en favor de un actuación ceñida a comportamientos socialmente válidos, supone imponer la disciplina sobre las emociones mediante la racionalidad y el respeto por los otros, punto de partida de la convivencia política civilizada, que se nutre de la capacidad reflexiva de los actores para actuar y trasformar  su entorno.

Entonces el ideal civilista tiene su cimiento en la capacidad  de la educación para  difundir ciertos valores normativos que permiten al individuo funcionar válidamente en comunidad y para inducir a esos mismos actores hacia conductas esperadas para conservar el orden y producir acuerdos. Este proceso propicia, de una parte, la obediencia y el cumplimiento ante la autoridad legítimamente constituida y por otra parte, confianza, identidad y apoyo con la vigencia del proyecto que consolida la integración política. 

Pero la educación, siendo necesaria, no es suficiente para construir ciudadanía, su éxito se consolida si logra construir civilidad entendida como el compendio de los atributos y requisitos que caracterizan al ciudadano que amplía y proyecta la calidad de ciudadano hacia nuevos alcances y dimensiones de actuación en el espacio público.  La dimensión ética[2] en tanto certeza en la posibilidad de construir el bien común, en la confianza hacia una comunidad que tiene solidez moral a pesar de las partes que se encuentran en permanente conflicto. En la dimensión normativa que reconoce la legitimidad de las instituciones gubernamentales que aplican las leyes y resuelven conflictos y sientan los fundamentos para reconocer la autoridad entre gobernantes y gobernados. En la dimensión política capaz de restringir el ejercicio del poder e impedir  su obstrucción y la violencia subversiva. Así la civilidad es una virtud que expresada mediante actuaciones en nombre del bien de toda la comunidad consolida la integración de esa comunidad bajo unas instituciones representativas y unas libertades públicas.

Se hace ahora necesario sentar bases sobre aspectos relevantes sobre la  participación ciudadanía,  ya que se pretende entender sus procesos de  construcción  para lograr analizar las políticas públicas que la promueven desde los gobiernos locales de Barranquilla, propósito de este trabajo. Con este fin aquí se pretende  determinar los elementos constitutivos de la participación ciudadanía, sus límites y sus problemas.   

Es así como atendiendo a Marshall que plantea la ciudadanía como un estado constituido por unos derechos civiles, sociales y políticos que se conceden al individuo con plenos derechos de adscripción a una comunidad, da cuenta de cómo los primeros derechos asociados a la ciudadanía fueron los derechos civiles como derechos necesarios para las libertades básicas de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y creencias, de igualdad ante la ley, de propiedad privada y de capacidad de establecer contratos legitimados por la normas, el derecho y la justicia, según el autor, culminan con su universalización en el siglo XVIII.

A los derechos civiles, ya en el siglo XIX,  se suman los derechos políticos que tuvieron su origen en los procedimientos para la toma de decisiones y la participación política como elector o como investido de autoridad, es decir, como derecho a participar en el poder político cuya universalización se logra en el siglo XX, cuando también se incluyen los derechos sociales como el derecho a disfrutar distribución del beneficio social de la vida civilizada según indicadores propios de cada grupo social  expresados en el derecho a la seguridad, la educación, la salud, la vivienda, el empleo y a un mínimo de bienestar económico.

El ejercicio y disfrute de estos derechos está bajo responsabilidad de ciertas instituciones, así los tribunales de justicia defenderán los derechos individuales, el parlamento encarna el reconocimiento de los derechos  políticos, mientras que los derechos sociales estarían encomendados a los sistemas educativo y de servicios sociales. Según Marshall, los diferentes conjuntos de derechos habrían evolucionado a su propio ritmo para converger todos en la concepción moderna de ciudadanía[3].

El concepto de participación ciudadanía tiene límites en razón de estar ligado a la concepción que se tenga de democracia atendiendo a si prevalece  una concepción basada en lo operativo o en lo normativo.  Cuando en la democracia prima lo operativo, la concepción clásica pierde peso pues es prevalerte que el ciudadano sea gobernado antes que gobernante, los procedimientos pretenden, entonces, la eficiencia explicitada en la capacidad de negociación, competencia, acceso al poder, control y de estabilidad como formas empíricas de acceder al proceso de toma de decisiones. Bajo esta concepción la legitimidad que un ciudadano le otorga a un gobierno esta signada por el derecho a elegir,   a aceptar las discrepancias entre diferentes posturas y a tener la convicción de que estas son la manera de obtener una respuesta a sus demandas y una medida de la capacidad de respuesta del gobierno[4].  Así el arquetipo del ciudadano es el individuo dócil, pasivo, carente de pretensiones de intervenir en política y  con un espíritu de cooperación basado en sus intereses particulares.  

 El otro modelo, muy cercano a Rousseau, se fundamenta en la conjugación de la  libertad, la participación y la democracia[5]. Este modelo promueve una ciudadanía como un compromiso colectivo que se construye desde la opinión y la voluntad pública y de esta manera se acepta el consenso como producto potencial de las experiencias públicas compartidas. Aquí la sociedad tiene un modelo organizativo único y está sujeto a unas normas que se fundamentan en tres principios:

 · Fortalecimiento de un rol activo en el ámbito político con el propósito de determinarla reglas de convivencia a favor de una vida justa y buena.

  • Una estructura legal que autoriza, controla y  sanciona el ejercicio del poder para garantizar la igualdad como mecanismote autorregulación.
  • Una eficacia sustentada en la convicción de que los ciudadanos poseen los recursos y el potencial para participar en la vida política, para incidir  en la toma de decisiones con base a la igualdad.

Contrario a lo planteado en el primer modelo donde se consideraba como virtud cívica  la complacencia  ante las acciones y decisiones de la autoridad, este modelo democrático participativo promueve el autodesarrollo  en base a la libre determinación, la tolerancia ante la diversidad que se  fortalece desde la  convivencia y la  participación activa y directa de los ciudadanos en los procesos de deliberación en búsqueda de consenso. Estas ideas básicas conllevan a que la participación ciudadana, la regulación de las instituciones y la consolidación de un sistema abierto a nuevas formas del ejercicio político.

Cabe anotar que existe diferencia entre una sociedad que asume los principios liberales  y una sociedad que se legitima bajo los principios comunitarios. Estas diferencias se hacen notorias si se aplican estos tres indicadores:

  • Formas de determinar quienes son o no ciudadanos.
  • El papel protagónico de los actores, esto es, individuo vs. comunidad.
  • La forma de intervención del estado en el proyecto ciudadano, esto es, democracia en que prevalecen los derechos civiles y políticos vs. Democracia con prevalencia en los derechos sociales.

En razón de las atribuciones, obligaciones  y derechos que le corresponden a los individuos se observa que la  participación ciudadanía presenta sus propios problemas, estos nacen, primero,  de la incoherencia entre los atributos de ser ciudadano y la posibilidad de ejercerlos en espacios específicos  de lo público y segundo, de la emergencia de grupos sociales incapacitados para gozar de la ciudadanía o que han sido marginados de esta.

Frente al problema de la articulación política surge la necesidad de responder a la pregunta ¿cuál es el origen de la participación ciudadanía?, esto es, ¿de qué manera se ubica la ciudadanía dentro del espacio político? Pregunta que se puede responder desde el paradigma liberal o desde el comunitarismo

En el seno del liberalismo el derecho se relaciona con la moral a favor de a defensa de la libertad, la autonomía y la dignidad humana ante eventuales abusos del gobierno o de otros miembros de la comunidad. Aquí el centro de la democracia son los derechos individuales y la forma de convivencia se centra en  el control político de los mismos ciudadanos por ser portadores de esos derechos.

En el comunitarismo el derecho surge del acuerdo ciudadano sobre el  significado del bien común y del sentido de utilidad compartida que  se deriva de ese acuerdo. De esta manera el individuo toma los principios morales de la comunidad  de pertenencia. El centro de la democracia son las prácticas comunitarias que cubren todas instituciones en todos los niveles. La toma de decisiones  se encuentra en el acuerdo comunitario sobre lo que se debe o no hacer en el espacio público de acuerdo a su cultura, costumbres y tradiciones

También la participación tiene que ver con la distancia estado-ciudadano,   en el modelo conservador el estado está distante de la dinámica ciudadana y el ciudadano  obra en forma individual en el espacio público. Posición que contrasta con la idea del estado de bienestar donde el ciudadano es solidario y corresponsable con el estado de los asuntos públicos.

Los atributos que  entronizan la ciudadanía  sugieren argumentos de inclusión o exclusión ciudadana. En un primer modelo,  la libertad en general y la libertad de elección en particular son el centro de la ciudadanía, así el ciudadano es un elector potencial capaz de decidir racionalmente entre varias alternativas. Los compromisos políticos comunes surgen del interés particular producto de la  competencia y el utilitarismo, el lucro individual es la fuerza que vincula la cooperación y la obediencia. El estado por su parte se interpreta como una acción ajena al interés particular que inhibe la decisión individual.   En un segundo modelo, la igualdad es el centro del ejercicio ciudadano, ella  lo soporta moralmente y le otorga identidad,  el ciudadano es un portador de derechos y el estado es el garante del bienestar social con equidad, esto es, distribuyendo según las necesidades, zanjando diferencias  a favor de la cohesión social.

La concepción de la economía en el espacio público y la estratificación económica de los individuos también son factores de exclusión,  su origen está en los derechos civiles que se relacionan con la propiedad y las necesidades ciudadanas se traducen en demandas de propiedad, por esto los excluidos son los que no tienen propiedad o ellos mismos se convierten en una propiedad[6].

En la actualidad la idea de exclusión se asocia al marginamiento y al aislamiento  entendido como alejamiento de la corriente social principal por incapacidad en el ejercicio de los atributos que identifican al “buen ciudadano” como la autonomía, seguridad en si mismo y una actitud participativa en la comunidad.  Como afirma Dahrendorf, los derechos civiles y sociales  carecen de sentido cuando la persona, por razones ajenas a su control,  es incapaz de hacer uso de ellos, esto conlleva a necesitar un fortalecimiento que se elevaría también a la categoría de derecho[7]

La existencia de grupos excluidos contraviene el principio de civilidad como  síntesis y esencia de la ciudadanía  que legitima cualquier proyecto político y contraviene el supuesto democrático de integración, su existencia evidencia un error en el diseño de la comunidad política y de sus redes de relaciones sociales que en últimas definen las oportunidades de acceso. En otras palabras, evidencia la falta de cohesión social e incapacidad para  favorecer la calidad de vida que permita convertir a los individuos en ciudadanos.  Esto demuestra que el concepto de ciudadanía no es generalizable mientras permanezcan privilegios sociales producto de los atributos y características exigidos para el acceso a la ciudadanía.

Los valores cívicos, arriba mencionados, difundidos en el tejido social están en riesgo ante la existencia de los excluidos porque van en contra del orden establecido y por los altos costos de reinserción de los que fallan en alcanzar los requerimientos de inclusión establecidos.

Finalmente cabe decir que hoy la ciudadanía  supera las concepciones existentes, ella aborda temas tan amplios como la globalización, la internacionalización de la economía, la ciudadanía por asuntos, y un aspecto vital, el paso al multiculturalismo. Elementos a los que se pueden sumar,  la transformación de las fronteras por razones migratorias y económicas que desplazan los atributos político-culturales e impiden la construcción de  identidad   y membresía plena a una comunidad así como,  fragmentación y diferenciación cultural  producto de la variedad de estilos de vida y las prácticas sociales que promueven la diferencia y la heterogeneidad en contra de la homogeneidad y la estandarización social. Temas que pueden ser objeto de estudios profundos desde la filosofía política. 


[1] ARISTOTELES. La Política. Instituto de Estudios políticos. Colección clásicos políticos.  Nº 72 1951.

[2] Idea de Rousseau que concibe la sujeción política primordialmente en el plano ético y secundariamente en el plano de una situación de derecho o de poder

[3] MARSHALL, Thomas Humphrey. Ciudadanía y clase social. Cambridge University Press. 1950. pág. 77-79

[4] PITKIN, Hanna Fenichel. El concepto de representación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985 pág. 257. Citado en Sentencia T-358/02. Democracia participativa y democracia representativa. Representación como derecho político

[5] ROUSEAU, Juan Jacobo. El contrato social. FCE. 1998.

[6] FRASER,  Nancy y LINDA GORDON. Contrato versus caridad: una reconsideración de la relación entre ciudadanía civil y ciudadanía social. Revista ISEGORIA  N° 6.  1992. pp. 65·82

[7] DAHRENDORF,  Ralf. El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la libertad. Grijalbo. Barcelona. 1990, pág. 42.

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Acerca de maestro ciro

DOCENTE ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA. LARGA EXPERIENCIA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. CONVENCIDO QUE LA EDUCACION APORTA AL DESARROLLO HUMANO PARA ROMPER LAS BARRERAS DE LA INEQUIDAD Y LA EXCLUSION

Comentarios

2 comentarios en “CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

  1. excelente, que buen aprendizaje

    Publicado por kenyam B | agosto 28, 2011, 4:19 pm

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